Atentado contra Carrero Blanco

Martin Luther King discurso "I have a dream"

Augusto Pinochet

Augusto Pinochet fue un dictador chileno que se hizo con el poder tras derrocar al presidente electo Salvador Allende y que gobernó Chile entre 1973 y 1990, reprimiendo duramente a la oposición política. Pese a la violación reiterada de los derechos humanos que tuvo lugar bajo su mandato, conservó parte de su poder y privilegios hasta 1998.

Augusto Pinochet salió de la escuela militar en 1936 con el grado de teniente de infantería y continuó sus estudios en la especialidad de geopolítica. Fue encargado de realizar misiones de relativa importancia hasta que en 1956 formó parte de la delegación militar chilena en Estados Unidos. Diez años más tarde había alcanzado el grado de coronel y poco después se le confió el mando de la IV División. A partir de ese momento su prestigio dentro de las Fuerzas Armadas fue en aumento. En 1969 alcanzó el generalato y la jefatura del estado mayor del ejército.

Tras el triunfo de la Unidad Popular (UP) encabezada por Salvador Allende en 1970, catalizó el malestar de los sectores más conservadores del ejército y de la sociedad chilena ante el avance de la izquierda. En el contexto de una campaña de desestabilización de las instituciones estatales, en 1973 el legalista general Carlos Prats fue obligado por sus compañeros a renunciar a sus cargos de ministro de Defensa y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas; fue sustituido por el general Pinochet, quien, con el apoyo de Estados Unidos, el 11 de septiembre encabezó el golpe de Estado que derrocó el régimen de Allende. El Palacio de la Moneda fue bombardeado y el presidente Salvador Allende, que se encontraba en su interior, se negó a rendirse y murió en el palacio presidencial.

Pinochet desencadenó una dura represión con el objetivo de eliminar a la oposición política y concentró en su persona casi la totalidad de los poderes del Estado. Los servicios de inteligencia, la DINA y el Centro Nacional de Información (CNI), creado en 1977, tuvieron un importante papel en la represión y en el régimen autoritario que instauró. La persecución de los opositores al régimen traspasó incluso las fronteras nacionales, como lo demuestran, entre otros, los atentados que costaron la vida al general Prats en Buenos Aires y a Orlando Letelier en Washington, en 1974 y 1976 respectivamente.

Tras la promulgación de varias actas constitucionales, en 1980 aprobó una nueva Constitución de carácter autoritario, que aseguró su permanencia en el gobierno hasta 1989. Eliminada toda oposición política y sindical, su régimen instituyó una nueva política económica basada en los principios neoliberales y monetaristas. Su severo plan de ajuste supuso un drástico recorte de los salarios y la privatización de las empresas públicas.

Tras las recesiones de 1975, 1976, 1982 y 1983, la economía diseñada por su régimen comenzó a dar rendimientos y a experimentar una gran expansión, hasta el punto de que fue tenida como modélica en América Latina. Seguro de sus logros políticos y económicos y de su autoridad e influencia en el país, en 1988 convocó un referéndum dentro del marco previsto por la Constitución. Las urnas no le fueron favorables, y con el triunfo de la oposición política coaligada en Concertación Democrática (CD), se inició el proceso de transición a la democracia, marcada por la moderación y por el enorme poder que conservaba Pinochet.

Las elecciones convocadas a continuación para sucederle fueron ganadas por CD, y en 1990 cedió la presidencia al democristiano Patricio Aylwin. No obstante, conservó la jefatura de las Fuerzas Armadas hasta marzo de 1998, cuando entró en el Congreso como senador vitalicio. Inquietado en sus últimos años por la justicia, viajó a Gran Bretaña para una intervención quirúrgica, y debió hacer frente a una orden de detención que lo retuvo en Londres durante varios meses. Intervino en el proceso el juez español Baltasar Garzón, por la responsabilidad que tendría Pinochet en la muerte de ciudadanos españoles en el período de la dictadura militar que él presidió.

Volvió a Chile el 3 de marzo del 2000. A pesar de que intentó alejarse de la vida pública, se mantuvo en el centro de la actualidad por la infinidad de demandas presentadas en su contra por los atropellos a los derechos humanos cometidos durante su gobierno: detenciones ilícitas, apremios ilegítimos, asesinatos e incluso terrorismo de Estado; muchos de esos delitos fueron llevados a cabo en el extranjero, como los ya citados atentados a Carlos Prats, Bernardo Leighton, y Orlando Letelier. Tras su muerte, ocurrida el 10 de diciembre de 2006, fue velado en la Escuela Militar de Santiago, pero sin que se le rindieran honores de Estado.

Jorge Rafael Videla

Jorge Rafael Videla nació el 2 de agosto de 1925 en la ciudad de Mercedes. Fue el tercero de los cinco hijos del coronel Rafael Eugenio Videla (1888-1952) y María Olga Redondo Ojea (1897-1987). Fue bautizado en recuerdo de dos hermanos mayores mellizos, fallecidos de sarampión en 1923. Videla desciende de una tradicional familia de San Luis, muchos de sus antepasados tuvieron destacadas actuaciones políticas, como su tatarabuelo Blas Videla y su abuelo Jacinto Videla, gobernador de San Luis entre 1891 y 1893.

En 1948 se casó con Alicia Raquel Hartridge, hija de un embajador. Con ella tuvo siete hijos: María Cristina (1949), Jorge Horacio (1950), Alejandro Eugenio (1951-1971), María Isabel (1958), Pedro Ignacio (1966), Fernando Gabriel (1961) y Rafael Patricio (1953). Tanto Rafael Patricio como Fernando Gabriel, ingresaron en el Ejército Argentino.

Ingresó en el Colegio Militar de la Nación el 3 de marzo de 1942 y se graduó el 21 de diciembre de 1944 recibiendo el grado de Subteniente de infantería, fue el 6º de la promoción 73ª sobre un total de 196 cadetes. Cursó la Escuela Superior de Guerra entre los años 1952 y 1954 y se licenció con el título de Oficial de Estado Mayor. Formó parte de la Secretaría de Defensa entre 1958 y 1960, dirigió la Academia Militar hasta 1962. En 1971 fue ascendido a general de brigada y nombrado por Alejandro Agustín Lanusse como director del Colegio Militar de la Nación. A fines de 1973, el comandante Leandro Anaya lo nombró Jefe del Estado Mayor del Ejército y el27 de agosto de 1975, la presidenta María Estela Martínez de Perón lo nombró Comandante en Jefe del Ejército.

El 24 de marzo de 1976 encabezó, junto a Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti el golpe de Estado que derrocó a la presidente constitucional María Estela Martínez de Perón, disgregó a los partidos políticos y cerró las sesiones del Congreso Nacional, dando comienzo al Proceso de Reorganización Nacional. Durante su administración, una disputa fronteriza con Chile estuvo a punto de devenir en un conflicto armado.

La constitución de Cadiz

Tras la invasión francesa de España y la coronación de José I como rey por su hermano Napoleón en 1808, el pueblo español no consideró legítimo el nuevo gobierno y se autoconcedió el poder soberano, en ausencia del rey Fernando VII, mediante la creación de juntas. Para coordinar la acción política y militar de las juntas contra la ocupación, se creó la Junta Suprema Central, primero con sede en Aranjuez y después, huyendo del avance francés, en Cádiz. Esta Junta contaba con importantes personajes de la política española, como los ilustrados Floridablanca y Jovellanos, y decidió convocar Cortes a fin de redactar una Constitución que contrarrestase el Estatuto de Bayona, ley fundamental impuesta por José I al comienzo de su reinado.

Sin embargo, las Cortes de 1810 no se celebraron conforme a la tradición. Se estableció que debían ser unicamerales, es decir, que no hubiera división por estamentos. Los diputados de todas las provincias, incluidos los de ultramar, fueron buscados entre los residentes en Cádiz, dada la imposibilidad de hacer elecciones por el estado de guerra y ocupación que se vivía en España. Esto dio una gran ventaja a los liberales, puesto que la población gaditana estaba formada en su mayoría por burgueses de clase media con tendencias progresistas. Así pues, la mayoría liberal en las Cortes no se correspondía en absoluto con la ideología profundamente conservadora de la mayoría de la población, que aclamará a Fernando VII cuando restaure el absolutismo.

Además de los liberales, también estuvieron presentes en Cádiz los “jovellanistas”, que pretendían establecer un compromiso entre la nación y el rey a través de unas Cortes Estamentales, siguiendo el modelo inglés, y los absolutistas, que pretendían mantener el statu quo. Pero la Constitución de 1812, inspirada en la francesa de 1791, siguió fundamentalmente los principios del Liberalismo.

Como vemos en el texto, se proclama la soberanía nacional, el fin de los privilegios fiscales y la división de poderes. Se recogen también algunas exigencias de los más conservadores, como el establecimiento del Catolicismo como única religión aceptada en el Estado. Pero los absolutistas verán ignoradas sus ideas en el Título IV, que restringe fuertemente los poderes del rey: este habrá de contar con el consentimiento de las Cortes, a las que no puede disolver, a la hora de abdicar o ausentarse del país (quizá por el temor de los españoles a que se volvieran a repetir los sucesos de Bayona de 1808), así como para ceder parte del territorio nacional o sus bienes, firmar alianzas o incluso contraer matrimonio. Tampoco podrá imponer contribuciones, conceder privilegios, expropiar o privar de su libertad a nadie. Vemos así cómo se reconocen indirectamente ciertos derechos individuales (a la libertad, a la igualdad jurídica y a la propiedad) aunque no exista una Declaración como en el caso de Francia.

El principal error de esta Constitución sea quizá su tratamiento a las colonias americanas. El no reconocerles derechos de autonomía ni cederles parcelas de soberanía probablemente disuadió a los liberales hispanoamericanos de intentar llevar a cabo las reformas deseadas sin romper con la metrópoli. La abolición de esta Constitución y los graves problemas internos que vivió España durante el nefasto reinado de Fernando VII alejaron definitivamente los destinos de ambas orillas del Atlántico.

Por otra parte, uno de los pasajes más relevantes de esta Constitución es el juramento que debe formular el monarca antes de comenzar su reinado. Por primera vez en la Historia aparece una Constitución, es decir, una ley formulada por los representantes del pueblo, como fuente legítima de poder, aunque sumada al derecho divino (“por la gracia de Dios y la Constitución”). Se reconoce además el derecho a la rebelión y a la desobediencia civil en caso de que el monarca incumpla su parte del contrato.

En definitiva, este documento supone la irrupción de las ideas de la modernidad (razón, contrato social, libertad, derechos individuales) en la política española, hasta entonces anclada en la tradición propia del Antiguo Régimen. Nos encontramos, por tanto, frente al primer paso hacia la Democracia en nuestro país.

El tren más largo del mundo

Aparte de ser el tren más largo del mundo también es el más lento y pesado. Atraviesa el desierto del Sahara entre las ciudades de Nouadhibou y Choum (Mauritania) en una ruta de 700 km., con una cadena de vagones de casi 3 kilómetros de largo.  El tren es arrastrado por 4 locomotoras diesel-eléctricas de 3300 CV de potencia. Transporta vagones con mineral de hierro. Tiene 3 frecuencias diarias aunque sólo una acepta pasajeros y únicamente tiene un vagón para ellos, lo que nos habla de lo poco transitado del lugar.